Joan Roma

PP y VOX: INICIO DE ETAPA. Soy de los que piensan que los pactos de PP y VOX en Extremadura, Aragón y Castilla - León van a deparar amplios y rotundos titulares, en los próximos días y semanas, como para advertirnos a todos de lo que son capaces de llevar a cabo. De momento, estamos en los prolegómenos, pero tienen que demostrar sus principios con algunas actuaciones de renombre. El lema “prioridad nacional” se explica de diferente manera, en uno u otro lugar, en función del público presente. Pronto tendrán que aclarar, detallar y sobretodo actuar conforme a este principio. De momento, avanzan algunas ideas como pedir garantías de arraigo, en base a los años de residencia: 10 años para comprar una vivienda de protección oficial, y de 5 años para pedir un piso de alquiler asequible. Vendrán otras propuestas que demostrarán hasta qué punto querrán discriminar a unos colectivos, de otros. Será entonces cuando empiecen a aparecer complicaciones y contradicciones, de difícil gestión y resolución. Porque si se quiere seguir al pie de la letra las normas acordadas, qué pasará con familias mixtas. Me refiero a las decenas, perdón, centenares de miles de familias, formadas por españoles nacidos aquí, con ciudadanos de otras nacionalidades. Ante esta realidad, qué pesará más, ¿el nacional o el extranjero? En un hospital, quién pasará primero, ¿el de mayor gravedad o el nacional? ¿Quién decidirá el orden, quién obedecerá las órdenes? De hecho ¿quién se atreverá a dar citas, en función de la nacionalidad de cada peticionario? Ante las informaciones y declaraciones hechas por representantes del PP y otros de VOX, de entrada, no dicen ni interpretan lo mismo, unos y otros. En resumen, hay que esperar los preceptivos cien días para poder hacer un primer balance de lo dicho, y sobre todo, lo hecho. Hay docenas de preguntas, de momento, sin respuesta. Y una cosa es ponerlo por escrito y otra muy distinta aplicarla sobre el terreno. Queda claro que cualquier discriminación comportará la consiguiente denuncia judicial. Y ante resoluciones judiciales, veremos si alguien del PP o de VOX, se atreven a no cumplirlas. Pronto se darán cuenta del inmenso error cometido a la hora de “vender” un eslogan para sus votantes. Una cosa es prometer acciones en positivo, y otra muy distinta supone vulnerar el principio de igualdad. Y para cumplir con el eslogan es indispensable beneficiar a unos, en detrimento de otros. Imposible llevar a cabo esta propuesta sin prevaricar. Es decir, incumplir la ley, a sabiendas de su incumplimiento. Y en el concepto de prevaricación, caben todos los funcionarios públicos, desde los secretarios municipales, hasta los administrativos, y por supuesto todos los cargos públicos, de todas las administraciones. Cuesta muy poco lanzar conceptos y propuestas al aire. Otra cosa es ponerlas en práctica y aquí no vale impartir órdenes porque todo funcionario puede, mejor dicho, debe desobedecer decisiones que vayan contra el estado de derecho. De aquí el interés en ver desarrollar este concepto en estas tres CCAA, y ver cómo lo negocian en la cuarta en disputa: Andalucía. Hay quien afirma que las cosas irán por otro camino, por la gran diferencia de resultados. No tienen razón, porque tanto da necesitar a dos como a diez, si el minoritario no cede en sus pretensiones y nada indica que VOX vaya a modificar sus exigencias. Al contrario, después del tiempo transcurrido, todavía tiene más incentivos en demostrar su absoluto dominio de la negociación. El PP, no se puede permitir ir a nuevas elecciones y es quien más se juega, así que el tiempo no juega a su favor. Dentro de unos días o unas pocas semanas lo constataremos. Tiempo al tiempo.