Joan Roma

EL FISCAL GENERAL, NO DEBE DIMITIR. Lejos de mi comparar situaciones, pero tengo la impresión que algo de lo que me pasó, está sucediendo, en estos momentos, en varios expedientes judiciales, entre los cuales el de Fiscal General del Estado, García Ortiz. En mi larga trayectoria de cerca de cincuenta años de actividad política, de los cuales cuarenta en un ayuntamiento, primero como concejal de gobierno, luego como alcalde, durante 28 años, parte de los cuales compartiendo cargo como diputado en el Parlamento de Cataluña por el PSC, y al mismo tiempo Secretario General, de una de las federaciones del partido, tuve que resistir fuertes oposiciones por parte de CiU, aliada con una persona con problemas mentales. Durante una docena de años, recibí centenares de denuncias, por carta, por correo electrónico, vía Sindicatura de Greuges, y vía Sindicatura de Comptes (equivalente catalán al Tribunal de Cuentas) que sirvieron para utilizar instituciones públicas para fines de partido. A la vista de la imposibilidad de echarme del ayuntamiento, decidieron emprender acciones judiciales, de todo tipo y por todos los medios. Fue así como tuve que comparecer ante 11 instancias judiciales, que iban desde Juzgados de Primera Instancia, hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, durante el tiempo que estuve aforado, en tanto que Diputado. Al final, doce años después, fui absuelto del último de los expedientes que quedaban vivos. Es decir, tuve que afrontar 11 expedientes judiciales, algunos realmente insólitos, hasta que al final se demostró la persecución política y la carencia total de fundamento, en todas ellas. Pues bien, a nivel de partido, desde el primer momento se tuvo claro que estaba siendo perseguido y acusado falsamente para conseguir lo que no habían logrado por las urnas. Echarme fuera de la política. Era un estorbo para sus planes y durante muchos años Cataluña estaba sometida a un férreo control por parte de CiU. Si en el primero de los procedimientos o en los que le siguieron, hubiera presentado la dimisión o el partido me hubiese apartado de mis funciones, no habría podido continuar la ingente tarea de transformación del municipio, per una parte, ni la intensa tarea como Diputado o como dirigente del PSC, en las comarcas centrales de Cataluña. Doce años después del primer procedimiento quedó claro lo que pretendían. Pues bien, de esta experiencia saqué varias conclusiones. La primera: a veces cuesta probar la inocencia cuando todo se hizo según las leyes vigentes. Afirmar y comprobar la rectitud de todos los pasos, supone un trabajo ingente, pero lógicamente, al final se consigue. La segunda: la seriedad y rectitud de fiscales y jueces que estuvieron al frente de todos los procedimientos judiciales. De todos. Y entre todos, tuve más de una docena de fiscales y jueces, incluso el presidente de una de las Salas del TSJC. Esta constatación por vía directa, ha topado después con modos y maneras sorprendentes en fiscales y jueces, a nivel estatal. He pasado de la fuerte convicción de fiscales y jueces justos, a otra en que en determinados niveles se juega otra partida, otra liga. Es increíble ver a fiscales y jueces haciendo huelga, por cuestiones que deberían mantenerles en el más estricto silencio y respeto a las Cortes Generales, donde reside la soberanía popular. Y más estupefacción produce determinados expedientes judiciales, en los que ni se respeta la presunción de inocencia, ni los secretos de sumario que podemos pensar, se venden al mejor postor. O peor aún, para intervenir en política, a favor de unos y en contra de otros. Mi credulidad en la justicia que yo viví, ha cambiado notablemente, en los últimos años a raíz de todo lo visto y escuchado. Y me ha quedado claro que hay miles de fiscales y jueces, con vocación de servicio a la sociedad, y a su lado, unos pocos centenares que no respetan el juramento prestado, en el momento de acceder al cargo. Es grave la acusación pero a las pruebas me remito, ante docenas de acciones y actuaciones, claramente en contra del gobierno presente. La inacción del CGPJ, y la intocabilidad que detentan algunos de los principales magistrados, motivan la total desconfianza de buena parte de la ciudadanía. Si esto es así, en algunos de los casos más mediáticos, mucho más lo es, en lo que respeta a la figura del Fiscal General. No veo, ni vemos, una gran mayoría de españoles, motivo para que García Ortiz deje el cargo. Ha sido sometido, como yo lo fui, distancias aparte, a múltiples acusaciones que al final se demostraron falsas. Si en este caso, pasa lo mismo, debe dejar el cargo, antes que se emita sentencia? En absoluto. Es más, se crearía un pésimo precedente, ya utilizado en otros casos y otros niveles, mediante el cual, para sacar un adversario de un puesto determinado, es más fácil incriminarle por lo que sea y cuándo sea, con el objetivo de que renuncie. Después, una vez absuelto y visto el uso fraudulento de la Justicia, se le dirá que lo sentimos mucho y que se vaya a casa. Pues mejor evitarlo y si nadie tiene miedo a la Justicia que se le deje defenderse. Estoy seguro que los jueces justos, que los hay, sabrán dirimir lo que es verdad de lo que es mentira. Ánimos, pues, y que la verdad se haga camino.