Joan Roma

¿QUIÉNES SON LOS FUNCIONARIOS INVESTIGADOS? En un artículo anterior, con el título “¿lo tiene fácil la corrupción en España?, exponía lo que cualquier político, de primero de básica, conoce: nada puede hacer ni decidir, sin el concurso de diversos niveles de funcionariado. Produce gran extrañeza que, pasadas varias semanas, en un caso, y varios meses en otro, no aparezcan funcionarios implicados, en los supuestos casos de corrupción llevados a cabo por Koldo García, J.L Ábalos y Santos Cerdán. Lo dije entonces, y lo repito ahora. Sin la colaboración y participación directa de diversos funcionarios y técnicos, es imposible conceder concursos, adjudicaciones ni concesiones de ningún tipo. Ni tampoco certificar acuerdos u obras, con lo cual tampoco procede liquidar pagos. Es sorprendente levantarse día sí, día también, con grandes titulares en medios de comunicación, supuestamente serios, con afirmaciones del tipo: la señora tal o el señor cual, adjudicaron obras por 30, 40 o 50 millones. Es que ni que fueran 30, 40 o 50.000. No es posible porque el político propone, pero los funcionarios disponen. Es decir, gestionan y tramitan los proyectos con múltiples supervisiones y controles. La corrupción por vía de contratos, concursos y/o concesiones, pasan diversos controles, con las firmas obligatorias de distintos funcionarios: secretarios generales, interventores, tesoreros, técnicos especialistas, funcionarios de otras administraciones en los concursos, etc. Donde no cabría esta participación es en los casos de traspaso de información privilegiada. Aquí sí el político puede traspasar las líneas rojas de la ética y el deber de guardar bajo secreto, propuestas, gestiones y tramitaciones que pueden suponer ventajas evidentes para quienes reciban esta información. Un ejemplo claro sería el de la elaboración, diseño o modificación de planes de urbanismo, en los cuales se prevean recalificaciones de terrenos u otros cambios relevantes. En estos casos tener conocimiento de las intenciones “políticas “de los equipos de gobierno, comisiones de urbanismo u otros niveles de supervisión y control, pueden suponer negocios importantes para los que busquen información privilegiada. La corrupción en estos casos es más difícil de perseguir y castigar, precisamente porque no hay intervención de funcionarios ni técnicos. Similar explicación se puede dar para otros casos de información privilegiada sobre puntuaciones en concursos públicos, en los que se puedan incluir cláusulas de mejora de puntuación o desvelar aspectos de las propuestas presentadas por otras empresas. En efecto, aquí es complicado averiguar la procedencia de informaciones y filtraciones, pero no estamos en estos casos, sino en el de contrataciones y adjudicaciones, supuestamente corruptas. Si nos quedamos en este ámbito, no hay director general, secretario de Estado ni Ministro que pueda saltarse los procedimientos y actuar libremente. Todo va lento y lleno de trámites, con sus informes, dictámenes y certificados. Cada uno, a cargo de cada responsable de nivel ejecutivo. Entonces, a qué vienen los titulares de adjudicaciones “a dedo” si no existen. ¿Cómo se pueden adjudicar millones de euros, sin haber pasado los controles pertinentes? ¿Dónde están o estaban los funcionarios a cargo de velar por la gestión, tramitación y pago? Hay más preguntas sin respuestas, porque periódicamente sea por parte del Tribunal de Cuentas, sea por las intervenciones generales del Estado, existen auditorías periódicas de todos los concursos, tramitaciones y adjudicaciones. ¿Nadie vio nada? Lo siento pero no me cuadran las cuentas ni los titulares. Puedo entender el uso, tráfico y venta de información privilegiada. Posible entre particulares, empresas y cargos públicos corruptos, pero no comprendo cómo se pueden saltar las gestiones y tramitaciones inherentes en cualquier acto oficial. Así que el misterio continua, al menos para mí, a la vista de que no aparecen nombres de funcionarios, ni cargos subalternos, implicados en esta presunta actuación corrupta.