Joan Roma

NUEVA FINANCIACIÓN, MAYOR AUSTERIDAD. Llevamos años de retraso, en acordar un nuevo sistema de financiación para las CCAA que se rigen por el régimen común. Un auténtico quebradero de cabeza para los gobiernos de turno, pero, un nuevo incumplimiento de la Constitución. El reciente pacto para la renovación del CGPJ, debería comportar otros, de similar calado. Veremos, en un país acostumbrado a no cumplir con sus obligaciones, no es fácil hacer un nuevo llamamiento a modificar comportamientos. Me permito recomendar mirar hacia el centro y norte de Europa, a la hora de pedir una nueva financiación, para añadir un precepto básico y fundamental: austeridad, en todas las administraciones públicas, y muy especialmente las autonómicas. Lo digo por mi experiencia de vida y trabajo en Suiza, donde pude estudiar y comprobar el grado de exigencia, en este apartado. Y en cada visita, compruebo la continuidad de estas políticas e incluso el incremento de controles y exigencias, para que nadie gaste en nada superfluo. Ahora mismo, en Cataluña estamos inmersos en el tiempo de descuento para la elección de un nuevo presidente de la Generalitat. El pasado día 26, se llevó a cabo un nuevo “invento” parlamentario, bautizado como “acto fallido”, mediante el cual a falta de un candidato, se hizo una breve sesión para poner en marcha el reloj de una investidura, antes del 25 de agosto. Caso de no tener presidente en esta fecha, se activaría un nuevo proceso electoral que culminaría el 13 de octubre, con unas nuevas elecciones. Para los simples mortales, hay un solo candidato posible, en la persona de Salvador Illa, cabeza de lista del PSC, pero Junts, se ha inventado uno alternativo, en la persona del fugitivo Puigdemont, con la pretensión que le voten los suyos, más ERC, los Comunes de Sumar, la CUP, y se abstenga el PSC. Sí, sí, apreciados lectores, esto solo puede verse en Cataluña, pero llevamos una docena de años en que los independentistas nos tienen acostumbrados a todo tipo de ensoñaciones, invenciones, falsedades y mentiras. Son los productos que dieron pie a uno de los episodios más vergonzosos, improvisados y dañinos para la sociedad catalana. Son los que toman la parte por el todo, y consideran que con 1,4 millones de votos, pueden hablar en nombre de un territorio con 6 millones de censo electoral, y 8 millones de habitantes. Bien, volvamos al título inicial. ERC, con 20 diputados (tenía 33), está inmersa en una profunda crisis, sin dirección y sin propuestas claras, para decidir. Para justificar un posible voto a la investidura de Salvador Illa, piden una “financiación singular” unos, otros “la llave de la caja”, otros una “soberanía financiera”, y otros copiar el cupo vasco / navarro. Cuando hablo de “otros” me refiero a grupos, dentro del mismo partido. A todo ello, se añaden nuevas reclamaciones o exigencias, en torno a la promoción y defensa del idioma catalán. No quieren reconocer que el “procès” produjo daños irreparables en muchos ciudadanos de habla castellana o del mundo de la inmigración cuando se hicieron proclamas a favor de la independencia y lengua única. Ahora, toca hacer pedagogía y recuperar la sintonía perdida. Esto, solo lo puede llevar a cabo el PSC, que siempre ha defendido la vigencia de un territorio bilingüe, sin exclusiones ni sectarismos. En la negociación para la investidura salen otras exigencias, en función de los territorios y colectivos de ERC, pero la fundamental es el nuevo sistema de financiación, lleve el nombre que lleve. Así que hay que avanzar por este camino, intentando llegar a buen puerto, sin por ello romper el sistema general que hasta ahora ha funcionado, en el conjunto de las CCAA. La singularidad se puede salvar, porque cada CA es, en sí misma, singular. Cataluña tiene policía propia, y traspasado el sistema penitenciario, además de otras singularidades como la lengua y cultura catalanas que hay que promocionar y proteger, etc. Cierto también que la nueva financiación debería contemplar un mejor ajuste entre lo que se recauda y lo que se recibe: ahora mismo Cataluña es la tercera en aportación y la décimo segunda, en recepción. Lo más justo es copiar el sistema alemán, aplicando el principio de ordinalidad: tercera en aportar, tercera en recibir. Y en cuanto a las inversiones del Estado en Cataluña, lo mejor sería, una vez pactados los importes, hacer encomienda de gestión al Gobierno de la Generalitat. Con ello se evitarían las constantes quejas de retrasos e incumplimientos. Llegados a este punto, al que creo se encontrará la adecuada salida, hay que exigir a todas las CCAA, una apuesta clara y decidida por la austeridad. Lo vemos en Cataluña, pero también en el resto, una enorme facilidad por el gasto, poco justificado y poco contrastado. Hay numerosas muestras de “alegría presupuestaria” que una administración pública no se puede permitir. El dinero público debe ser muy rigurosamente gestionado, y en la nueva financiación debe haber factores de “castigo” a gastos no básicos. En Cataluña pienso en las “delegaciones en el exterior”, en subvenciones a medios privados, a multiplicidad de cargos de confianza, convenios, consorcios, ferias y celebraciones fastuosas para conmemorar cualquier cosa, real o inventada. Y, por supuesto, hay que imponer rebajas de aportación estatal cuando se decide suprimir impuestos autonómicos, simplemente para competir con otros territorios o como medidas populistas para quedar bien con ciertos colectivos o agrupaciones. El dinero de todos debe tener el principio de la austeridad, en el ADN de todos los gobiernos, sean municipales, autonómicos o estatales. Esto, ahora no sucede, y hay muestras inaceptables por toda la geografía española. Nueva financiación, sí, mayor austeridad, también.