Joan Roma

POR SUS OBRAS LOS CONOCERÉIS. Los pactos obligan a acercar posiciones y, en algunos casos, incluso a modificarlas en temas claves. Era previsible, cuando PP y VOX anunciaron sus primeros pactos municipales, y, a continuación los autonómicos. Lo que no era imaginable es lo que sucede realmente, a lo largo y ancho de la geografía española: una clara y total sumisión del PP, a los dictados de VOX, hasta el punto de no saber quién es quién. Prácticamente cada semana, van apareciendo cambios en la legislación autonómica, y en las ordenanzas municipales, que rompen con todo lo anterior, sobre todo si los anteriores gobernantes pertenecían al partido socialista. Pretenden borrar, modificar y reinterpretar el presente, y si hace falta, incluso el pasado, para que quede clara la inmensa distancia entre unos y otros. En los últimos días hemos asistido a la pretensión de sustituir la Ley de la Memoria Histórica, por una supuesta ley de concordia, mediante la cual se pretende equiparar a todas las víctimas de la guerra civil, ocultando todo lo relativo a la larga y cruenta dictadura franquista. Los primeros en dar el paso han sido los gobiernos de Aragón, Castilla – León y Comunidad Valenciana. Vendrán otros, sin ninguna duda. En ayuntamientos y diputaciones, hay otras operaciones en marcha, en una doble dirección: por un lado suprimir ayudas, a todo lo que aparezca como progresista, innovador, vanguardista, favorecedor de la integración o protección a ámbitos y sectores discriminados, muy especialmente a los relacionados con las políticas de igualdad y colectivos LGTBI; y por otro desplazar las ayudas hacia entidades y organizaciones próximas a sus postulados. Lo mismo ocurre en el ámbito de los medios de comunicación, y de todo tipo de entidades y organizaciones de carácter cívico – cultural. Desprotección, supresión de ayudas a unos, para favorecer a otros claramente contrarios. Justo estamos en el primer año de mandato, y los cambios han sido profundos y repercutirán en el inmediato futuro, poniendo en peligro multitud de entidades, fundaciones y organizaciones, de la sociedad civil. También ocurre en el ámbito educativo, estrechamente ligado al de la lengua, en aquellos territorios bilingües: Baleares, Comunidad Valenciana. De todo ello se deduce una situación muy simple: las reglas democráticas, el PP y VOX las acatan cuando no hay más remedio, pero ni las aceptan ni las comparten cuando están en el gobierno. Su concepción de la democracia es muy poco democrática. Se puede resumir en una expresión como “acepto y hago cumplir todo lo que me va bien, y favorece a los míos, y cambio todo lo que me molesta o entorpece mis objetivos”. No otra cosa significa la no renovación del CGPJ. En ningún otro país democrático se da o se ha dado una situación como la de incumplir un precepto constitucional, tan claro y diáfano como éste. Tener hilo directo con altos cargos de la Judicatura, para entorpecer, alargar o simplemente impedir la acción del poder legislativo es uno de los peores actos que puede llevar a cabo un partido, supuestamente democrático. Escuchar de boca de los principales responsables del PP, la justificación para no cumplir con la Constitución, sería hilarante si no fuera tan grave. Pero, no acaba aquí la batalla, como ya hemos visto en el uso del Senado no como cámara territorial o de segunda lectura, sino como ariete contra el Congreso. Increíble mal uso de una institución de primer orden, en la cual actúan como si fuera suyo. Ni siquiera disimulan. No hace falta, para ellos tener mayoría es tener las manos libres para actuar según les convenga. No tienen perspectiva histórica ni vergüenza pública. El mensaje que se envía a la sociedad civil es terrible porque muestra la supeditación de las instituciones a los intereses del partido. Y aquí sí coinciden totalmente, PP y VOX. Tan poco responsables y demócratas algún día pagarán por ello. Los votantes pueden ser benévolos con ciertos comportamientos, pero no pueden avalar actitudes y decisiones claramente anticonstitucionales. Veremos los próximos resultados electorales si reciben premio o castigo a su inaceptable quehacer político.