Joan Roma

CATALUÑA, NO TIENE LEY ELECTORAL PROPIA. Hay provisionalidades que se hacen eternas. Solo hay que observar el sistema electoral catalán, para probarlo. Para las primeras elecciones al Parlament, del año 1980, el Gobierno central, improvisó una ley electoral que permanece vigente, a pesar de los 43 años transcurridos. Una auténtica demostración de impotencia, e incluso vergüenza, para todos los defensores de la autonomía catalana. ¿Cómo se explica esta dejación de funciones? ¿Por qué los partidos no han propuesto y aprobado una ley propia? Pues, por la simple razón que la provisional favorece a los vencedores, los cuales, cuando están en el gobierno olvidan la promesa de redactar y aprobar una propia. Y así, han ido pasando los años y los gobiernos, hasta llegar al momento actual. Nadie podía pronosticar que no tenerla podría comportar graves consecuencias, que todos lamentan, pero nadie pide perdón. Me refiero a la más que segura decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar el escaño a la presidenta Laura Borrás, condenada por prevaricación y falsedad documental, cuando estaba al frente de una entidad cultural (ILC). Lo mismo le pasó al ex presidente Torra, por no haber obedecido al TC, o a un diputado, Pau Juvillá, por temas relacionados con el proceso independentista. Para todos estos casos, la JEC, se rige por su propio reglamento, según el cual un cargo público, pierde su representación, por sentencia judicial, en primera instancia. Los condenados pretendían mantenerse en sus cargos hasta no hubiera sentencia definitiva, en segunda instancia. De existir ley electoral propia, podría constar esta condición, pero su inexistencia convierte la JEC, en decisoria. ¿Obligará esta decisión a mover ficha a los partidos? No. Al menos no por ahora. Hay demasiado en juego para modificar el sistema. Veamos porqué. En 1980, Cataluña tenía cerca de seis millones de habitantes. Ahora tiene 7,6. Con aquella población se recuperó un Parlamento que había tenido 85 miembros, en tiempos de la república, y pasó a los 135 actuales, distribuidos por provincias: 85 en Barcelona. 17 en Gerona, 15 en Lérida y 18 en Tarragona. Ya en aquellos tiempos la distribución era poco proporcional, pero el paso de los años, la ha convertido en claramente desproporcionada, teniendo en cuenta que la provincia de Barcelona, ha ganado muchos más habitantes, que la suma de las otras tres. Con los resultados en la mano, un voto de la provincia de Lérida, supone un valor doble, casi triple, al de uno de Barcelona. Con ello, los partidos independentistas, más consolidados en las tres provincias, están supra representados, respecto a los de Barcelona. En todas las elecciones hemos comprobado esta desproporción que en las pasados de 2021, supuso empatar en escaños PSC y ERC, a pesar de que el partido socialista obtuvo 50.000 votos más que ERC. Estos días, en el Parlament, todos se quejan de esta claudicación, pero no ha motivado ninguna presentación de propuesta de nueva ley electoral, con lo cual, pasado un tiempo, quedará en el olvido, y continuaremos utilizando la ley provisional, por los siglos de los siglos. O hasta que un partido más serio y con suficiente representación, considere necesario proceder a la redacción de una nueva ley y se ponga en faena. Si no se quiere modificar el total de 135, hay que ampliar representación de la provincia de Barcelona, en detrimento de las otras tres. O buscar un sistema nuevo, mediante el cual, se pueda ejercer el doble voto, a semejanza de algunos estados alemanes, en los cuales los votantes pueden dar un voto a un candidato en concreto, y tienen otro voto, para un partido. Los diputados que lleguen a una mayoría de votos en su circunscripción, salen elegidos directamente, y otros lo hacen por la lista del partido. Mucho se ha hablado de sistemas, y posibles cambios, pero, a día de hoy, no veo ningún intento serio para modificar la ley provisional, con lo cual, los partidos independentistas, pueden continuar echando las culpas a Madrid, por los resultados, no deseados que comporta.