Joan Roma

AUTONOMIAS Y FINANCIACIÓN. Después de 12 años, al mando de las finanzas de un pequeño municipio y 28 años como alcalde, tengo claro que tan importante es gestionar siempre con austeridad, como buscar financiación externa, donde la haya. También me quedó muy claro que, con suficiente financiación, las competencias se asumen, aunque no se tengan. Me explico. Si los ayuntamientos se limitaran a cumplir lo que detalla la Ley de Bases de Régimen Local, tendrían muy poco trabajo, pero los ciudadanos quedarían desamparados, en cuestiones fundamentales. Precisamente su proximidad, los hace más sensibles y atentos a las necesidades, de forma que movilizan recursos para resolver todas las problemáticas posibles. Y hay muchas y muy diversas. Y además, hay tiempo y voluntad para crear servicios nuevos, destinados a mejorar la vida de sus conciudadanos. Pues bien, si esta es la realidad de los ayuntamientos, sería lógico pensar en semejante actuación, por parte de los gobiernos autonómicos. Sí y no, depende de qué partido o partidos están al mando. La implantación del modelo autonómico nació con un defecto de forma, en materia de financiación. Un sistema perverso puesto que el gobierno central, recauda, y las CCAA, gastan. Y no siempre gastan adecuadamente. Ésta es la gran crítica y el gran problema al cual no se ha encontrado solución. Al contrario, la mayoría se queja de una financiación deficiente y esperan un nuevo sistema para introducir factores que mejoren las aportaciones estatales. Para unas, el territorio, es decir la superficie, debería ser fundamental, para otras los habitantes, y para otras la despoblación o la dispersión. Llegar a un acuerdo parece imposible de manera que cuando se trate el asunto, habrá 3 o 4 posiciones, imposibles de poner de acuerdo. La parte catalana se mueve entre irse (no saben adónde) o quedarse y exigir un sistema parecido al Vasco, o por lo menos conseguir una equiparación entre lo que se recauda y lo que se transfiere. Ahora, Cataluña es la cuarta contribuyente, pero la décima en transferencias. Hay que acortar distancias, hasta llegar a la equiparación entre el dar y el recibir (sistema ordinal). Pero, paso previo a un nuevo pacto, se debería acordar el principio de austeridad y el de restringir gastos a las competencias propias. Me explico. No puede ser que a nivel salarial algunas autonomías se permitan unas alegrías que no tienen ayuntamientos ni gobierno central. Cataluña es un ejemplo claro, a la vista de los salarios del gobierno, y los principales organismos e instituciones. En muchos casos superan en un 30 o 40% a los estatales. Tampoco deberían permitirse enormes gastos en servicios no esenciales, e incluso en algunos alegales. Pongo por ejemplo la Acción Exterior de la Generalitat con una dotación de 28,5 millones que son pura propaganda. Otro ejemplo, es la aportación de 300 M al presupuesto de TV3, la televisión catalana, muy politizada durante años, y elemento fundamental en los años de proceso independentista. A estos dos, podría añadir muchos otros, fruto de la megalomanía o del presidente de turno que quieren disponer de organismos similares a los que existen en todos los estados democráticos: oficina anti fraude, sindicatura de cuentas, sindicatura de agravios, múltiples consorcios, etc. Al final, son centenares de millones, destinados a proyectos y acciones sin destino directo a los ciudadanos. Con ellos se pierden razones a la hora de pedir una mejora en la financiación. Quien malgasta no puede pretender mejorar su sistema, para cargarse de razones, nada mejor que una gestión austera, y argumentos claros y contundentes para incrementar las aportaciones del Estado. De momento, las cosas no van por este camino.