Joan Roma

LA VIDA SIGUE, LAS INHABILITACIONES , TAMBIÉN. Por mucho empeño que ponga el presidente Sánchez, en normalizar relaciones con el gobierno catalán, hay una realidad que hace imposible el cumplimiento de la legalidad. El presidente Aragonés no tiene la autoridad necesaria, para imponer a sus socios de Junts x Cat, lealtad y respeto al estado de derecho. Tenemos, en Cataluña, un gobierno bicéfalo, con un presidente en la Generalitat, y una oposición interna en la presidencia del Parlamento. Increíble, pero cierto. En el consejo ejecutivo, hay dos bloques que van a su aire (ERC y Junts x cat), y por libre y a lo suyo va Laura Borrás, la presidenta del Parlamento. Sus problemas personales con la Justicia, le motivan a provocar al Tribunal Constitucional, para que actúe, en contra de la Mesa, y así poder aspirar a que sea inhabilitada por acciones contra este órgano, en vez de por la justicia ordinaria. Y guste o no, no le queda otro remedio al TC que actuar en cumplimiento de su deber. El último conflicto, procede del incumplimiento de la resolución del TC, respecto a la delegación de voto del diputado, fugado a Bélgica, Lluís Puig. El Reglamento del Parlamento deja claro que solo se puede delegar el voto, en caso de enfermedad o embarazo. Pues bien, la presidenta ha decidido saltarse la resolución, y computar el voto, aunque no aparezca en los resultados telemáticos. Ella lo añade, de forma verbal. Así que quien vaya al Parlamento y mire las pantallas electrónicas, verá un resultado que no concuerda con el que da la presidenta. Da igual, en Cataluña ahora prescindimos de estas nimiedades, y somos capaces de inventar un nuevo sistema de doble resultado, sin que la Tierra deje de girar. Y para no hacer el ridículo, una vez más, ahora la presidenta quiere mantener este pulso, hasta el final. ¿Cuál es el final? Nadie lo sabe, pero no hay que ser un Einstein para imaginar la reacción del Alto tribunal. Hay aquí una flagrante desobediencia. Un auténtico ataque al estado de derecho que corresponde resolver. Pues bien, que se haga, y se haga a la mayor brevedad posible. Imagino que corresponderá una pena de inhabilitación para los 5 miembros de la Mesa que de forma clara, rotunda y pertinaz han decidido vulnerar el Reglamento, y, además, desobedecer la resolución del TC. Si esto sucede, veremos a la presidenta, Laura Borrás (Junts), Alba Vergés (ERC), Aurora Madaula (Junts), Carles Riera (CUP) y Ruben Wagensberg (ERC), inhabilitados por un cierto tiempo. ¿Cuánto? No tengo ni idea, pero imagino un mínimo de dos o tres años. ¿Qué se habrá conseguido? Pues, nada importante, pero a la presidenta le puede venir bien, ser apartada de su puesto por una sentencia del TC, para aparecer como una víctima política, en vez de ser apartada por diversos delitos comunes, cometidos antes de su entrada en política. Para los otros, el resultado es mucho más complicado. Especialmente para Alba Vergés que ha anunciado su candidatura a la alcaldía de Igualada, ostentada por un militante de Junts. La competición es de alto voltaje, pero entra en una situación de imprevisible final, si es condenada a inhabilitación. Tendrá que dejar candidatura y política por todo el tiempo que indique el TC. Este es el panorama actual y nada parece modificarlo. Con esta realidad, pensar en posibles avances de diálogo entre los dos presidentes, es muy complicado. La guerra interna, en el gobierno catalán y en el Parlamento va a durar, lo que dure la legislatura, y con esta situación simplemente se puede ganar tiempo con alguna medida de cara a la galería. Imposible avanzar en serio porque no están las cosas en su sitio. El objetivo es llegar a las municipales de mayo de 2023, y ver resultados. En función de cómo sean se decidirá continuar o disolver el Parlamento. Esta será la gran oportunidad para el PSC de Salvador Illa de dar el sorpasso y ocupar la presidencia. Ello abriría el cambio real que necesita el país.