Joan Roma

LA NECESIDAD DE MODIFICAR LEY EXTRANJERÍA. Llevo años ejerciendo de profesor voluntario para los refugiados acogidos en el Centro de Protección Internacional, de Cruz Roja en Berga (Barcelona). Este Centro acoge a 50, en tandas de 8,9 o 10 meses, según vaya el ritmo de acogida. Mi misión es proporcionarles suficientes conocimientos del idioma como para que puedan salir y buscar trabajo y vivienda. Objetivo que puede parecer fácil, pero que no lo es en absoluto porque, muy a menudo, entran en una rueda infernal. Si no tienen trabajo no pueden contratar una vivienda, y sin vivienda difícilmente pueden trabajar. Luego hay otros problemas como el de la movilidad. Sin permiso de conducir no pueden comprar coche ni tener una mínima capacidad de transporte propio en una comarca, con muchos municipios dispersos. Pero, el motivo de este artículo es exponer el círculo vicioso, en el que caen todos, a la hora de regularizar su situación. Muchos han pedido la condición de refugiados, pero muy pocos la obtendrán. Primer problema. A continuación tramitan petición de residencia y trabajo, con toda la burocracia que comporta y con algunos detalles importantes poco aclarados, como el de si en Cataluña deben haber cursado estudios básicos de catalán o no. Depende donde lo piden, dependen donde, no. Luego, hay que seguir un protocolo lento, muy lento y farragoso que da pie a los típicos bulos de si hay que ir por un camino o por otro. Si pueden contratan alguna gestoría especializada o a algún despacho de abogados, para preparar la documentación y presentarla a una oficina de la Generalitat, la cual la enviará a Barcelona, para su estudio y aprobación. Si la encuentran correcta, acto seguido la deberán enviar a Madrid para su confirmación y expedición de un permiso de trabajo y residencia, por un año. En la documentación enviada, han de haber aportado un precontrato con alguna empresa que se hay comprometido a contratarles por un período de un año. Como podemos imaginar esta condición es una de las más difíciles de conseguir. Suponiendo todo esté cumplimentado, nada es seguro de su aprobación, pero en caso afirmativo, podrán trabajar y esperar al cabo de un año, una nueva renovación que sea preludio de su implantación en España. Todo este largo y farragoso camino, está lleno de largos plazos, finales inciertos y exigencias no siempre lógicas, cuando se trata de personas de procedencias muy diversas. Después vendrán otras tramitaciones complicadas, largas y caras, para poder reagrupar familia y establecerse definitivamente aquí. La estructura policial i ministerial no está preparada para el número de solicitantes. Y la pandemia ha ralentizado la llegada, pero en pocos meses, supongo volveremos a las cifras ante pandemia. Alguien, al más alto nivel, tiene que planificar todo el proceso para hacerlo más ágil y transparente. Hay que poner más personal, y sobre todo simplificar requisitos, de forma que sean iguales para toda España, evitando dudas o complicaciones de interpretación en los territorios con dos idiomas oficiales. También los plazos de resolución deberían ser más concretos y reducidos. No puede ser que en un primer paso, puedan durar dos o tres meses, y en el segundo otros dos. Todo ello comporta demasiado tiempo sin garantías ni seguridad de ver resuelto favorablemente la petición. Y hay que tener en cuenta que muchos de los demandantes van a ocupar puestos de trabajo totalmente imprescindibles para el buen funcionamiento del país. Todos ellos están dispuestos a cubrir puestos con horarios complicados, con trabajos penosos o poco valorados socialmente. Queda claro que no quitan trabajo sino complementan las necesidades de todos los sectores de actividad. Si esto es así, no se comprende la lentitud y los farragosos trámites a los que se les somete.