Joan Roma

EN TORNO A LOS GASTOS DEL “ PROCÈS “. No pasa semana sin alguna novedad sobre el proceso independentista. En este caso, el protagonista ha sido el Tribunal de Cuentas, con una petición de 5,4 millones de fianza para 34 altos cargos de la Generalitat, por presuntos gastos impropios, entre los años 2011 i 2016. Los gastos auditados corresponden a los derivados del Diplocat, con sus embajadas en el extranjero, llamadas Delegaciones en el exterior. Un entramado de 17 representaciones, en otros tantos países, que nadie sabe muy bien lo que hacen, pero sí sabemos lo que nos cuestan. En tanto que ex Diputado en el Parlamento de Cataluña, he pedido, en más de una ocasión, las memorias de actuación de cada Delegación. No existen. Es decir no hay documentos públicos que avalen ni justifiquen su existencia. Sirven para colocar a amigos y parientes, concederles un buen sueldo, y mandarles hacer propaganda de los partidos del gobierno. Pocas cosas más pueden hacer, puesto no tienen competencias en ninguna área concreta. Solo les queda promocionar el turismo y el proceso independentista, de aquí la imputación y petición de aval por 5,4 millones. La polémica viene seguida por una doble imputación a algunos de los afectados que ya habían sido acusados por la vía penal. Parecería como si se les pidiera responsabilidades doblemente. No lo considera así el Tribunal, con lo cual los gastos totales por la convocatoria de la consulta del 1 de octubre de 2017, y las acciones de promoción, previas, subirían en total a cerca de 10 millones de euros. Sin entrar ahora en el meollo del asunto, sí hay que reconocer que nadie puede destinar dinero público a acciones ilegales. Y esto lo hizo tanto la Generalitat, como muchos ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones. Todavía hoy pueden verse banderas, postes, pancartas, banderolas, símbolos diversos, etc., pagados con dinero público. A todo ello habría que añadir viajes, alquiler de locales, cuotas a entidades independentistas como el AMI (asociación de ayuntamientos por la independencia), ANC , Ómnium, … Es evidente que no se puede destinar dinero público a actividades impropias y aún menos si éstas son ilegales. De aquí la petición de devolución del dinero utilizado, a los responsables de las instituciones implicadas. El problema es que lo pida un Tribunal de Cuentas, en horas bajas, por su composición y por su implicación en retorcer pruebas, más que en presentarlas de forma clara y transparente. La mayoría que ostentan los representantes del PP, lo hace poco objetivo y sospechoso de parcialidad. Sea como sea, la máquina se ha puesto en marcha y dentro de 15 días los implicados deberán presentar avales por el importe total de 5,4 millones, de lo contrario el Tribunal embargará bienes por este importe. Por lo que sabemos, la caja de resistencia que se creó con motivo de las imputaciones a los organizadores del proceso, está exhausta, y ya hay quien quiere pedir nuevas aportaciones a la sociedad civil. El problema es la desmotivación y el agotamiento de muchos colaboradores que ven como las causas se van multiplicando sin señal de un final próximo. A la vista de lo leído, hubiera sido mejor recurrir a la vía judicial, para reclamar responsabilidades por las acciones llevadas a cabo. El Tribunal de Cuentas, no es un órgano judicial y esto conlleva la sospecha de uso partidista. De todas formas hay que esperar ver el detalle de lo reclamado para dejar claro si su actuación se ajusta a sus funciones o se ha excedido. En unos días tendremos respuesta, mientras tanto, el problema está del lado de los independentistas, para cubrir los avales reclamados.