Joan Roma

LA FINANCIACIÓN MUNICIPAL. En los 42 años de democracia municipal no ha habido tiempo para resolver el problema de la financiación municipal. Siempre se ha dejado para más adelante, una vez resuelta la de les CCAA, que tampoco ha encontrado solución. Pero, por lo menos, en este caso las revisiones se han llevado a cabo, ni que sea con años de retraso, como pasa ahora mismo. Espero y confío en un “ahora sí” por parte del Gobierno Central, a lo largo de esta legislatura. Y es que los ayuntamientos no pueden operar sin un sistema de financiación más acorde con las competencias que han asumido. Y las que han asumido son muchas más de las que figuran en la Ley de Bases de Régimen Local. Los tiempos cambian y las necesidades también. Y los ayuntamientos se han encontrado con multitud de problemas que solo ellos pueden resolver porque son los que mejor los conocen. En el nuevo sistema, se debería tener en cuenta no solo la población, sino la extensión, y todos los servicios creados a lo largo de estos 42 años de democracia municipal. En estos momentos muchos de los servicios creados no tienen ninguna financiación extra. Se pagan con los ingresos generales del ayuntamiento, haciendo ejercicios malabares para llegar a final de ejercicio. Además, la financiación vigente, ha quedado totalmente desfasada en relación a servicios esenciales que cuestan mucho más de lo que se compensa. Pongo algún ejemplo para aclarar conceptos. Mantener una escuela pública, tiene un coste muy superior al que se previó años atrás. Lo mismo cabe decir para el Consultorio médico o CAP (centro de asistencia pública), aunque se haya firmado convenio con Generalitat (en el caso de Catalunya). Siempre hay un déficit que debe cubrir el ayuntamiento. Crítica similar se debe hacer al mantenimiento de los Juzgados de Paz, o a las colaboraciones con el INE, etc. En resumen, cada servicio que presta un ayuntamiento resulta perjudicial, a nivel económico. Si se pudiera elegir, entre prestar o renunciar al servicio, todos renunciarían. No sale a cuenta colaborar ni participar en la gobernación del país, porque se da más de lo que se recibe. Esto, además de injusto, es insostenible. El Estado, por un lado, y las CCAA, por otro, deben concertar un nuevo sistema de financiación con los municipios de forma que reciban justa compensación por las competencias y servicios que prestan. También debe quedar claro que no se pueden crear nuevas competencias ni servicios sin que vayan acompañados de la debida compensación. No parcial, sino total. Pongo otro ejemplo. Si una CCAA aprueba una ley de protección de los animales, y traslada determinadas funciones a los ayuntamientos, éstos deben recibir todo el importe necesario para poderla cumplir. Esto ahora no sucede. Tampoco disponen de la necesaria financiación para mantener unos servicios sociales, en tiempos convulsos. Ni para vivienda social. Ni inserción laboral. Ni políticas juveniles. Podría alargar esta lista con otras urgencias que han ido apareciendo a lo largo de los años hasta dejar exhaustas las arcas municipales. Es hora de revertir la situación, dejando más claras las competencias entre los distintos niveles de las administraciones, y acto seguido proponer un sistema adecuado a las necesidades actuales. La gestión de los ayuntamientos ha sido razonablemente buena, y prueba de ello lo hemos visto en los remanentes existentes, pero el próximo futuro precisa cambios importantes para poder hacer política, no solo gestión. Y sí , hay que negociar un nuevo sistema de financiación para las CCAA, pero al mismo tiempo hay que proponer el nuevo sistema para las administraciones locales. Esta vez, una debe ir de la mano de la otra, para no quedar en un segundo término como ha pasado hasta ahora. La puesta al día ya no puede esperar más.