Joan Roma

¿LO TIENE FÁCIL LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA? A la vista de todo tipo de comentarios, artículos, documentales, entrevistas y tertulias, hay muy pocos periodistas, comentaristas y tertulianos que conozcan el funcionamiento de las instituciones y la legislación que deben aplicar en todos sus procedimientos de contratación, justificación y pago. Tengo especial interés en ver cómo prosigue la instrucción de los presuntos casos de corrupción que afectan a Koldo García, J.L Ábalos y Santos Cerdán, para comprobar lo qué pasó y cómo pasó. Y es que en respuesta a la pregunta del título del artículo, quiero dejar claro que la corrupción en España, lo tiene difícil, muy difícil, después de múltiples cambios, precisamente para evitar su existencia. Después de 40 años, en la sala de máquinas de un Ayuntamiento, pequeño sí, y de contactos con otras administraciones e instituciones de mucho mayor tamaño, quedo sorprendido de hasta qué punto se dicen cosas que no tienen ningún fundamento real. Me explico. En muchos artículos y opiniones se da como normal y habitual que un Alcalde, un Consejero autonómico, un Ministro e incluso un presidente de cualquier institución del país, pueda acordar y decidir sobre contratos, concesiones, ampliaciones de obras, etc., de forma directa y arbitraria. Como si pudieran actuar a dedo o a capricho de su voluntad, interés o simpatía. No, no, en absoluto. En todas las administraciones españolas hay múltiples barreras, controles y filtros obligatorios que impiden acciones y actuaciones arbitrarias, fuera de las normativas legales vigentes. Y debo recordar que buena parte de las quejas por “exceso de burocracia” provienen de los múltiples pasos que hay que cumplir antes de poder contratar. Y luego, los siguientes pasos para justificar, y finalmente poder pagar. Me sorprende el desconocimiento, la ignorancia, sobre la existencia de funcionarios que han superado duras pruebas de acceso al puesto correspondiente y que se juegan “vida y hacienda” en su trabajo de supervisión y control, de todas las acciones y actuaciones públicas. No hay resquicios para dejar solos a los políticos para que puedan hacer lo que ellos quieran. En absoluto. Entonces, ¿por qué se les deja fuera de todas las actuaciones? Quiero decir, ¿por qué nadie habla de ellos si nada se puede hacer sin ellos? Este menosprecio, ligado a la ignorancia de los que hablan de temas que no conocen, es increíble en multitud de medios de comunicación que tratan sobre temas de corrupción, sin tener en cuenta las dificultades para cometerla. Limitado por espacio, solo recordaré que todos los ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones, mancomunidades, consorcios, pero también Consejerías, Ministerios, tienen la figura del secretario general. Una persona experta en leyes que ha accedido al cargo por concurso, un duro concurso que comporta llegar al puesto más relevante de una de estas instituciones. Es el profesional que conoce todos los actos de la administración y que sin su informe favorable, nada puede hacerse. Si el secretario general vela por la estricta legalidad de todos los actos, hay un segundo funcionario que debe velar por todo lo que hace referencia a la parte económica. Es el interventor general. Nada puede pagarse sin su conocimiento, estudio y aval técnico. Y finalmente, hay el tesorero que indica si lo que los anteriores han avalado, se puede pagar por existencia de recursos suficientes. Y no solo esto, recursos destinados a la actuación concreta. Y si todo lo dicho no fuera suficiente, para cualquier contrato, adjudicación o concesión, hay que seguir unas pautas y unos pasos, que requieren proyectos, informes y resoluciones de técnicos en la materia: arquitectos, ingenieros, técnicos especialistas, etc. Y para decidir una adjudicación, se debe reunir la Mesa de contratación y/o adjudicación para estudiar las propuestas, puntuarlas y finalmente acordarlas. En fin, todo es posible de mejora, pero en mis 40 años de actividad política, he visto cambios constantes, para complicar la posibilidad de actuar, fuera de la ley, fuera de los circuitos establecidos. Y francamente si los funcionarios actúan en consecuencia, la corrupción se hace prácticamente imposible. ¿Qué ha pasado en el tema que nos ocupa? No lo sé, pero no lo entiendo. De aquí el interés en conocer detalles sobre las actuaciones. De momento se habla de conversaciones, pactos con empresas y presuntas comisiones, pero hay que ver los documentos, informes y resoluciones. Imaginar que una empresa va a ver a un político y entre las dos partes acuerda las condiciones, no cuadra con la tramitación obligatoria. Por mucho que hablen y acuerden, los funcionarios actúan conforme a derecho, y mirar hacia otra parte o, peor aún, participar en una ilegalidad, les lleva a perder puesto, asumir responsabilidades personales, patrimoniales y penales. Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), creado en 1995, que estudia 180 países, España aparece en el puesto 36. En los primeros puestos, están Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur y Suecia. Bien, no es un mal puesto, pero queda claro que hay camino por recorrer y estar entre los 20 primeros, debería ser uno de los objetivos para los próximos años. De todas formas, repito y reitero que las barreras, supervisiones y controles existentes por parte de los funcionarios, a cargo de las instituciones, hacen muy difícil los casos de corrupción. Los que de momento han salido a prensa, lo han hecho sin documentación ni información específica, de cómo han podido saltarse los pasos legales. Solo hablando empresarios y políticos, no se llega a ninguna parte. Así que toca esperar y ver si lo que se dice, concuerda con lo que se ha hecho.