Joan Roma

EL TSJC, GENERADOR DE CONFLICTOS. Todavía no se ha apagado la polémica por la absolución de Dani Alves por un supuesto delito de violencia sexual, que el mismo tribunal, acaba de dictaminar que un familiar puede intervenir en una petición de aplicación de la ley de eutanasia. Si la primera de las sentencias ha parecido grave, la segunda la supera. Detallo la situación. Un hombre de 54 años, víctima de cuatro ictus y dos infartos, que desde 2020, le han provocado todo tipo de padecimientos y afectaciones a la movilidad y al habla, pidió se le aplicara el derecho a una muerte digna. Pasadas todas las revisiones y con los informes preceptivos, redactados por 17 especialistas, se le admitió el derecho, a la muerte asistida. Pues bien, con posterioridad ha comparecido el padre de Francesc A.B, pidiendo la revocación de la autorización judicial, y el TSJC se la ha concedido, bajo el concepto de que el padre está legitimado para personarse en la causa, con lo cual establece un increíble precedente, puesto que admite quitar un derecho a una persona, adulta, con pleno conocimiento y lo admite incluso en el caso que las relaciones entre ellos puedan ser inexistentes o pésimas. ¿Cómo es posible? ¿No tenemos establecido en los 18 años la mayoría de edad? ¿No tenemos plena autonomía para decidir nuestro futuro, a partir de esta edad? ¿Cómo es posible incumplir los preceptos de una ley, para tener una muerte digna, e interpretar-la con argumentos, no contemplados en la ley? Sí, la Generalitat ya ha decidido recurrir la sentencia, pero tenemos una persona con graves sufrimientos que, por culpa de una decisión incomprensible, no podrá poner fin, a su infernal vida. ¿Cómo es posible que un mismo tribunal, nos vaya sorprendiendo con resoluciones que rompen toda lógica? ¿Dónde están los límites para evitar casos semejantes? Y es que no es el primer caso. Ya hemos tenido otro en la persona de Noelia, a la cual su padre también quiso evitar el cumplimiento de su deseo y decisión. Llevamos ya unos meses, de hecho, varios años, en que algunos miembros de la Judicatura muestran una piel muy fina, ante las críticas de personas, como yo ahora mismo, en que estamos indignados por resoluciones que doblegan claramente el espíritu i la literalidad de la ley, de ésta en concreto, o de otras, por otros motivos. ¿Cómo es posible, no permitir cumplir una decisión, tomada libremente, por una persona en plena libertad, como han acreditado todos los especialistas que le han tratado? ¿Por qué se permite intervenciones externas, aunque sean paternas, si es una persona que no está sujeta a ninguna incapacidad mental? No se pueden permitir vulneraciones de derechos, aún más cuando éstos suponen alargar sufrimientos insoportables. Poco deben amar a quienes les imponen alargarlos sin poner ningún remedio para aliviarlos. Es del todo urgente proceder a blindar estos derechos, aunque para ello haga falta retocar la ley. O actuar sobre los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, si se han excedido en sus funciones y su interpretación no tiene sustento legal. Es que al final, parece como si cualquier miembro de la Judicatura se vea capaz de rectificar las decisiones de los que han sido elegidos por el pueblo para legislar. Si no están de acuerdo con este sistema o con lo que redactan que salgan de sus cargos y se presenten a elecciones. Lo que no se puede permitir es vulnerar, el espíritu y el contenido de una ley, tan fundamental como la de la muerte digna.